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viernes, 15 de junio de 2018

Atiende Consejo Estatal de Seguridad Pública a familiares de desaparecidos



Integrantes del grupo Sabuesos Guerreras A.C. destacaron la necesidad de que la problemática se cuantifique de manera certera y que se conforme la Comisión Estatal de Atención a Víctimas

Culiacán, Sin.- La Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública se reunió con miembros del grupo Sabuesos Guerreras A.C. a fin de servir como un puente entre las autoridades y los familiares de personas desaparecidas.

Las integrantes de la asociación civil, conformada principalmente por madres con hijos desaparecidos, destacaron la necesidad de que este delito sea reconocido, medido y atendido de manera certera.

Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), Sinaloa ocupa el 4to. lugar nacional en desaparecidos con 3 mil 042 casos registrados. No obstante, dijeron las integrantes de Sabuesos Guerreras A.C., la problemática sería mayor pues parte de las desapariciones no se contabilizan o no se denuncian por temor.

Por ello, insistieron en que se lleve un registro puntual y permanente de los casos con los que cuentan los diversos colectivos de búsqueda a nivel estatal, además de conformar en Sinaloa una Vicefiscalía Especializada en Desaparecidos para que el delito sea atendido con mayor celeridad por parte de las autoridades.

De igual modo, señalaron que un pendiente de Sinaloa es la instalación de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas para atender a las víctimas directas e indirectas de la violencia, así como otros puntos para la implementación de la Ley General en la materia.

Tras encabezar el encuentro, el Coordinador General del CESP, Ricardo Jenny del Rincón, estableció diversos acuerdos con las integrantes del grupo, entre ellos evaluar con la autoridad los avances para la instalación de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas y para nombrar al Comisionado local en la materia.

Asimismo, se acordó que la Coordinación General del CESP incluirá el tema de desaparecidos en sus diagnósticos mensuales para que mes a mes se cuente con análisis certeros sobre el estado de este delito.





sábado, 9 de junio de 2018

PACTAN TRABAJAR CONTRA EL TRABAJO INFANTIL



Este día se llevó a cabo la segunda sesión de la mesa de trabajo Responsabilidad y Compromiso para erradicar el trabajo infantil en Sinaloa.

Culiacán, Sinaloa a 08 de junio de 2018.- El trabajo infantil constituye una violación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, toda vez que vulnera sus derechos a estar protegidos contra la explotación, al sano crecimiento, a la educación, al juego, a la cultura y al deporte; es decir,  a desarrollarse plenamente, aseguró la Secretaria Ejecutiva de Sipinna, Margarita Urías Burgos.
Durante la segunda sesión de la mesa de trabajo “Responsabilidad y Compromiso para erradicar el trabajo infantil en Sinaloa”, dio a conocer que según datos de INEGI, se estima que en 2015 trabajaban 62 mil 367 personas de entre 5 y 17 años de edad, de las cuales 53 mil 799 realizaban trabajo no permitido.

En Sinaloa, el municipio de Elota se encuentra ubicado en el primer lugar en trabajo infantil en menores de 12 a 17 años, con el 20.2%, le siguen Navolato con el 13.9% y Escuinapa con el 12.5%.

“Esta mesa tiene el objetivo de irse a acciones, cada una de sus participaciones, tiene que conllevar a una acción, es el principal propósito de esta mesa, ya les hemos explicado de manera general, lo que por obligación tenemos, pero coincido en que tenemos que generar un plan de trabajo, para atacar esta parte de violentación de derechos”.

Urías Burgos agregó que somos uno de los estados con mayor recepción de jornaleros agrícolas en el país.

Por su parte, el Director de Trabajo y Previsión Social, Eduardo Alberto Portillo Ávila expresó que existe una responsabilidad de todas las instituciones para poder lograr la erradicación del trabajo infantil, por lo que solicitó el ejercicio de acciones permanentes para lograr este cometido.

En esta mesa se contó con representantes de la Secretaría de Desarrollo Social, Save the Children, Sindicato de CTM, SEPyC, Comunidades Indígenas, Cepavif, del CIA, de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Procuraduría de Protección de NNA, entre otros.




Recibe el gobernador al presidente de la CEDH



El maestro José Carlos Álvarez Ortega entregó al gobernador Quirino Ordaz Coppel su informe de labores.

Culiacán, Sinaloa, a 8 de junio de 2018.- El gobernador Quirino Ordaz Coppel recibió en su despacho al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Carlos Álvarez Ortega, quien le entregó el documento que contiene su informe de labores correspondiente al año de 2017.

El mandatario estatal estuvo acompañado por el secretario general de Gobierno, Gonzalo Gómez Flores, y a su vez, el presidente de la CEDH por algunos de sus colaboradores.

En el documento que Álvarez Ortega le entregó al gobernador Quirino Ordaz se da cuenta de las acciones realizadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos durante el año pasado, de entre las que destacan las 23 recomendaciones emitidas a distintas autoridades estatales y municipales con motivo de las quejas presentadas en su contra por violaciones a Derechos Humanos.

De igual manera se informa sobre 50 medidas precautorias o cautelares, 113 expedientes solucionados mediante procedimientos de conciliación y 3 mil 552 asesorías y/o orientaciones directas brindadas a personas que acudieron a este órgano público autónomo.

También se da a conocer que la Comisión Estatal, en la realización de sus funciones de promoción y divulgación de los Derechos Humanos, capacitó a 61 mil 962 personas pertenecientes a los sectores educativo, público, privado y organizaciones de la sociedad civil.

De la misma manera, en vinculación con la sociedad y fomentando la cultura de respeto a los Derechos Humanos, la Comisión celebró 26 Convenios de Colaboración con diferentes instituciones de los sectores público, privado y de la sociedad civil, en su afán por llegar a cada uno de los segmentos de la población, capacitando a servidores públicos, docentes y personas de instituciones públicas y privadas y de la sociedad en general para brindar mayor calidad en la prestación de sus servicios.